Consecuencias
La forma de actuación contra los ladrones es casi siempre igual. Los empleados del establecimiento, o los encargados de la vigilancia, detectan a la persona que intenta ocultar algún producto para salir con él sin pagarlo. Los vigilantes de seguridad, si los hay, son los que interceptan al presunto ladrón. En caso de no haber vigilantes, la situación se complica, ya que la persona de la tienda tiene que encararse con el ladrón e intentar pararle, o llamar a la Policía, que posiblemente tardará un tiempo en llegar y el ladrón se habrá ido.
En la mayoría de las ocasiones se logra parar al ladrón. Cuando se comprueba que lleva artículos robados se llama a la Policía Nacional o a la Local, o a la Guardia Civil en los pueblos donde hay agentes de la Nacional, que le identificarán y detendrán para ponerlo a disposición judicial.
En Granada actúa de una manera más habitual la Policía Local, posiblemente por encontrarse generalmente más cerca de los lugares donde se cometen los robos, especialmente cuando son el centro de la ciudad. Los agentes locales se llevan al ladrón, lo identifican y lo presentan en la comisaría de Policía Nacional, que es la competente en materia de seguridad y quien los tiene que poder a disposición del juzgado.
La realidad es que aunque se trata de una infracción penal, no es un delito, sino una falta, siempre que la cuantía de lo robado no exceda de 400 euros, una cantidad que los ladrones suelen tener en cuenta para no pasarse, ya que una falta sólo tendrá una sanción económica y si se pasan de ese dinero se les puede condenar a prisión.
Las consecuencias de estos hurtos no son graves, pero la infracción penal implica que contará como antecedentes penales, y que a la tercera pasará a ser considerada delito y penada con cárcel. En el caso de los menores la situación es menos grave aún, ya que los menores de 14 años no pueden ser imputados, aunque sí se puede sancionar a los padres por la conducta irregular de sus hijos.
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